Fausto Alzati Araiza es licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios en Ciencias y Técnicas de la Información por la UIA, maestro en Administración Pública, y doctor en Economía Política y Gobierno por la Universidad de Harvard. Ha sido servidor público desde los 18 años. Fue secretario de Educación Pública en la administración del presidente Zedillo. Actualmente es consultor privado y asesor de diversas instituciones públicas y privadas.

El primero de ellos fue darle fortaleza presupuestal, pues no había suficientes recursos para emprender las tareas que una institución como el Conacyt debía llevar a cabo para desempeñar el papel que le correspondía en el crecimiento de México; segundo, modernizarlo, darle sentido en un contexto más amplio del desarrollo nacional; tercero, darle independencia en la toma de decisiones, pero incorporando a la propia comunidad científica y a la sociedad misma, y cuarto, establecer un sistema de revisión por pares de comités que eliminara la discrecionalidad a la asignación de los recursos y garantizara en gran medida que éstos se utilizarían de la mejor manera.

Se trataba también de despolitizar el asunto y hacerlo más científico, mediante un consejo asesor, para establecer el principio de que el director general no iba a tomar decisiones sin consultar a las instituciones que participaban en ese consejo, cuya composición reflejaba una pluralidad de instituciones, opiniones y orientaciones.

Siempre encontré el mejor apoyo por parte de la comunidad científica. Para empezar, estamos hablando de seres humanos con una inteligencia extraordinaria que perciben que muchos de los problemas del país tienen soluciones científicas. Cuando perciben que a esta tarea, la cual ha hecho la diferencia entre el atraso y el progreso de los países, no se le ha dado la importancia suficiente, sienten frustración, desesperación y descontento.

El descontento que yo me encontré se debía, fundamentalmente, a la ausencia de reglas claras, a la discrecionalidad en el otorgamiento de los apoyos que, en ocasiones, se les negaba a los investigadores, sin explicar suficientemente los motivos. Si las razones para rechazar el proyecto de un científico provienen de sus pares, con criterios asimismo científicos, le da la oportunidad de mejorarlo. Si algo nos disgusta a los seres humanos es lo arbitrario. Quizá lo más difundido en la especie humana es la equidad, la justicia, y cuando ésta no existe y no hay claridad, viene el enojo. Establecer, mantener y operar reglas claras contribuye a eliminar ese descontento o, al menos, a canalizarlo adecuadamente.

Nacimiento de cuatro CPI
Durante mi gestión, se crearon el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (Cideteq), en la ciudad de Querétaro; la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa), en la ciudad de Saltillo, Coahuila, ambos en 1991; el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav), en la ciudad de Chihuahua, y El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, estos últimos en 1994.

Cada uno fue creado por diferentes circunstancias que los hacían indispensables y, afortunadamente, viables. Los dos primeros respondieron a necesidades de carácter tecnológico; el tercero, para atender lo concerniente a las ciencias exactas y, el último, para cubrir aspectos sociales. Todos estos proyectos de creación que se sumaron al Sistema de Centros SEP-Conacyt, fueron discutidos en el seno del Consejo Asesor del Conacyt, y se contó también con consensos regionales; así logramos algo que en la actualidad aún es una gran tarea: que no sólo fuera la Ciudad de México, y algunas otras privilegiadas, donde se realizara la actividad científica del país, sino que esta experiencia se reprodujese de una manera libre e incluyente a lo largo del territorio nacional. Desde el punto de vista presupuestal, no sólo no hubo merma, sino que obtuvimos mucho apoyo, dentro de las limitaciones que siempre hay.

Algo destacado que hicimos durante mi gestión al frente del Consejo es que empezamos a incorporar en esta dinámica a las universidades públicas y a algunas privadas de los estados, con el apoyo de los rectores. Hoy podemos decir que el Conacyt es realmente una institución nacional y que todas las universidades del país, con una política seria de investigación, acceden a los recursos que ofrece el organismo.

Instituciones de excelencia
Nos dimos cuenta de una verdad fundamental: La ciencia es una actividad internacional; no hay ciencia nacional, es una tarea global, acumulativa, colectiva, solidaria, cooperativa.

Mi experiencia como becario (cursé una Maestría en Administración Pública y un Doctorado en Economía Política y Gobierno, en Harvard) me permitió entender a quien está fuera del país, dependiendo de un apoyo presupuestal. Implementamos políticas para hacer las cosas más sencillas para quienes estaban estudiando en el extranjero, de modo que la vida de los becarios fuera menos azarosa, que no se angustiaran y se dedicaran exclusivamente a estudiar.

Por otra parte, empezamos a aumentar sustancialmente el número de becas que se otorgaban e instrumentamos un sistema para cambiar el modelo de asignación de estos apoyos. Lo primero que hicimos fue ampliar las áreas para formar más gente, había que discriminar por calidad, y entonces creamos el Padrón de Instituciones de Educación Superior, conformado por instituciones de excelencia, aprobadas por los comités de evaluación de la comunidad científica mexicana. Si un aspirante a un posgrado nos traía su carta de aceptación de la universidad en la que deseaba estudiar, entonces automáticamente se le otorgaba la beca. Esto hizo menos burocrática la asignación del apoyo.

¿VOLUNTAD POLÍTICA O POLÍTICA CIENTÍFICA?
El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación requiere de voluntad política, pero no sólo de quienes ejercen o detentan el poder, sino también de los ciudadanos, por eso es importante legitimar a los ojos de la gran mayoría de los mexicanos la importancia de estas actividades y hacerles entender que, sin una política clara de generación y aplicación productiva del conocimiento, aunada a la formación de capital humano, no hay creación de riqueza.

Si tenemos ese apoyo de la ciudadanía, gobierne quien gobierne, y del partido que sea, la ciudadanía a través de sus representantes, va a lograr que se continúe con esto. El día que la ciudadanía exija más recursos y más acciones en materia de creación de conocimiento, porque entienda que sin ello jamás el país va a ser rico y desarrollado, vamos a tener lo que queremos.

En ese sentido, la inversión en divulgación es fundamental, no es una tarea adjetiva, sino sustantiva, central, para crear una sociedad del conocimiento, porque, ¿cómo vamos a tener apoyo de la sociedad, si no sabe lo que hacemos? Es decir, no se puede generar conocimiento para tenerlo guardado en las universidades o en los laboratorios. Deberíamos tener mucha más presencia en las redes sociales, en los medios de comunicación; los científicos deberían estar haciendo cápsulas constantemente, para que la gente se entere de lo que hacen. Hay que formar conciencia, para que la generación del conocimiento y su aplicación sea valorada; los recursos vendrán solos.

Lo que a menudo no se entiende es que los científicos generan un beneficio social que no se refleja en una ganancia para ellos. Estamos hablando de seres humanos verdaderamente heroicos que merecen la veneración de la sociedad, porque producen un bienestar que no necesariamente se ve revertido en sus finanzas. Por otro lado, el empresario, el productor de bienes y servicios, el innovador que toma el conocimiento y lo convierte en algo concreto que da empleo y genera riqueza, también es un héroe social, como lo es el trabajador que se capacita para aplicar su saber en una línea de producción, o el profesor que capacita a nuevos profesores para transmitir su sabiduría, o como el divulgador que pone al alcance del público en general el conocimiento; son ejemplos aparentemente simples, pero que reflejan la trascendencia de esta tarea.

Ahora bien, las empresas requieren tecnólogos cuya tarea es tomar el conocimiento básico y trasladarlo a una aplicación práctica, útil, que tenga, además de valor científico y económico, de mercado. Es un problema de concepción. Yo pienso que no tiene mucho sentido que un país como el nuestro quiera andar el camino que ya otros recorrieron, y menos cuando estamos inmersos en una economía global.

Estemos abiertos y traigamos el conocimiento aplicado desde donde esté. Esto quiere decir que las empresas no necesariamente deben tener grandes laboratorios de avanzada, a menos que estén en la punta de su disciplina, sino más bien esforzarse en encontrar una manera más barata de producir lo que requerimos usando los mejores insumos mexicanos; eso nos daría mayor competitividad. Así pues, la investigación en las universidades y la aplicación de los desarrollos en la empresa son dos cosas diferentes, pero que no están peleadas. Las empresas deben tener sus grupos de investigación, y es posible –además de deseable– que haya una colaboración con las universidades. No veo conflicto en ello.

El asunto está en que la política pública debe imponer reglas que aseguren a la comunidad científica una correcta asignación de recursos, y al sector empresarial, el otorgamiento de incentivos adecuados para que esta colaboración se dé. Sin embargo, una de las principales problemáticas es cómo reformar una serie de áreas e instituciones para que converjan en la creación de una estructura institucional que permita poner a México en el camino del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y en el camino de una verdadera economía del conocimiento.

CONACYT COMO SECRETARÍA DE ESTADO
Hace mucho que el Conacyt debiera ser una Secretaría de Estado, con el más alto nivel y reconocimiento, para que el titular acordara directamente con el Presidente y pudiera pararse ante la tribuna del Congreso de la Unión para negociar su presupuesto. De otro modo, no existe la estructura institucional para hacer una política de gobierno con continuidad de prioridades transexenales capaces de constituir lo que se ha dado en llamar una política de Estado –aunque a mí me incomoda ese término por las connotaciones ideológicas que conlleva–; una política de largo plazo que sirva no nada más para hacer ciencia y tecnología, sino para instaurar una economía y una sociedad del conocimiento en México, que llevara a nuestro país al primer mundo; una política que, además, sea sancionada públicamente. Claro que no basta convertir el Consejo en una Secretaría de Estado, pero sería un acto simbólico que enviaría una buena señal.

A 40 años de haber nacido, el Conacyt ha cumplido con las expectativas de quienes lo crearon. El avance ha sido formidable, pero en cuanto a cumplir plenamente su papel en el desarrollo del país, en un entorno global, yo creo que debiera tomar un lugar muchísimo más central, bien sea como Secretaría de Estado o como un órgano desconcentrado con mayor jerarquía y con muchísimos más recursos, tanto públicos como privados.

El Conacyt es, en la vida de México, su mejor esperanza para un futuro de prosperidad y bienestar para todos los mexicanos. El Conacyt es a México lo que la savia es a las plantas.